Nos entrevistamos con los procuradores de la Ética Pública, Gilberth Calderón, Ronald Viquez y Miguel Cortes Chaves, quienes nos detallaron la intervención de la Procuraduría en el proceso civil contra los ex presidentes de Costa Rica Rafael Angel Calderón, por la causa Caja Costarricence de Seguridad Social y la Corporación Fischel --proveedora de medicamentos y equipamiento médico--, y Miguel Angel Rodríguez, por la del Instituto Costarricence de Electricidad y la empresa francesa de telefonía Alcatel.
Esta oficina gubernamental, que funciona bajo la órbita de la Procuraduría General, se creó en 2002, siguiendo una de las disposiciones de la CICC.
Elegimos este caso por lo novedoso de la figura del “daño social” que, incorporada al Código Penal de este país en 1998, es única en Latinoamérica y hasta ahora nunca fue utilizada. Se trata de un resarcimiento económico que los responsables de un delito de corrupción deben pagar de su bolsillo como una forma de reparar el perjuicio generado a la sociedad, una vez que son condenados.
Elegimos este caso por lo novedoso de la figura del “daño social” que, incorporada al Código Penal de este país en 1998, es única en Latinoamérica y hasta ahora nunca fue utilizada. Se trata de un resarcimiento económico que los responsables de un delito de corrupción deben pagar de su bolsillo como una forma de reparar el perjuicio generado a la sociedad, una vez que son condenados.
Investigar desde la prensa
Una de las personas que más sabe sobre los vericuetos de esta trama de pagos a funcionarios públicos y políticos con dinero proveniente del Estado, es Ernesto Rivera, periodista del diario La Nación de Costa Rica. Junto con Giannina Segnini, llevaron adelante esta investigación durante seis meses y que les valió varios premios internacionales, entre ellos el Premio de investigación de TILAC.
1 comentario:
¿Podrían proporcionar información sobre el tema "corrupción en el sistema judicial"?
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